La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que el proceso de desafuero contra los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Raúl González Martínez de Ixhuatlán del Sureste y Bertín Bravo de Úrsulo Galván, tenga motivaciones políticas. La mandataria aseguró que el caso corresponde a investigaciones iniciadas por las fiscalías General del Estado y General de la República, aunque el tema ya generó un nuevo choque entre Morena y la oposición.

Tras la aprobación del retiro del fuero constitucional en el Congreso de Veracruz, Nahle afirmó que si los funcionarios señalados pertenecieran a Morena, también exigiría que enfrentaran a la justicia. “No es político ni de fracciones partidistas”, sostuvo, mientras acusó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, de intentar presentar el proceso como una persecución.

Los alcaldes fueron desaforados para responder ante las acusaciones en su contra: Raúl González Martínez es señalado por su presunta relación con la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Ramírez, mientras que Bertín Bravo enfrenta señalamientos por la desaparición forzada de un empresario y su chofer, hechos que él y su defensa han negado.

Mientras Morena insiste en que se trata únicamente de justicia y no de política, Movimiento Ciudadano mantiene la postura de que existe persecución contra sus integrantes. Así, Veracruz suma otro episodio donde el discurso de legalidad y la disputa partidista vuelven a caminar por la misma línea.