La gobernadora morenista Rocío Nahle volvió a colocar la libertad de expresión en el centro de la polémica al plantear la necesidad de “ordenar” a los medios de comunicación de Veracruz. La mandataria respaldó la creación de un censo o padrón de periodistas y defendió los lineamientos federales sobre derechos de las audiencias, argumentando que, aunque existe libertad de expresión, deben establecerse límites frente a lo que considera difamaciones y mentiras.

Nahle rechazó que estas medidas representen censura y aseguró que se trata de establecer reglas claras para la comunicación pública. Sin embargo, sus declaraciones ocurren apenas una semana después de que señalara que en Veracruz existe un exceso de respeto a la libertad de expresión, lo que ha generado cuestionamientos sobre hasta dónde pretende llegar ese supuesto “orden” para los medios.

La propuesta llega además en un contexto especialmente delicado para el periodismo veracruzano, luego de que la Fiscalía confirmara la muerte de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien había sido secuestrada por un grupo armado en su domicilio de Nanchital. Ante este panorama, mientras el gobierno plantea padrones y nuevas reglas, integrantes del gremio han señalado como prioridad las garantías de seguridad para ejercer el periodismo.

Así, en Veracruz la discusión vuelve a poner frente a frente dos prioridades: un gobierno que habla de “ordenar” a los medios y un gremio que reclama condiciones para poder informar con seguridad. Porque antes de ponerle reglas a la prensa, la pregunta inevitable es quién está garantizando que los periodistas puedan hacer su trabajo.