Veracruz enfrenta un panorama que difícilmente puede presumirse como de tranquilidad: en las últimas horas se reportaron muertes por accidentes, un cuerpo localizado en avanzado estado de descomposición en Tuxpan y otro fallecimiento durante una quema de pastizal en Tamiahua, mientras que en Córdoba otro motociclista perdió la vida. A este escenario se suma un dato que vuelve aún más incómoda la realidad: un informe de la Universidad Iberoamericana contabilizó 400 fosas clandestinas en Veracruz entre 2006 y 2024, segunda cifra más alta del país, solo detrás de Guerrero.

La inseguridad también comienza a reflejarse en la reacción ciudadana. En Xalapa, un grupo de motociclistas golpeó a un hombre señalado de presuntamente agredir con una varilla a una joven, después de que, según el reporte, la policía no acudiera al llamado de emergencia. Se trata del segundo episodio en menos de una semana en el que ciudadanos recurren a la violencia contra personas señaladas por cometer algún ilícito, mientras las autoridades terminan interviniendo posteriormente.

Y para completar el panorama, la propia Fiscalía General del Estado informó que entre el 14 y el 20 de agosto cumplimentó 111 mandamientos judiciales, además de reportar 36 resoluciones judiciales en las últimas 24 horas, entre sentencias, vinculaciones a proceso e imputaciones por delitos como homicidio, desaparición, feminicidio, secuestro y extorsión. Muchos números y operativos, sí; pero los hechos descritos siguen mostrando una entidad donde la violencia, las desapariciones y la inseguridad continúan ocupando espacio en la vida cotidiana.

Mientras la Fiscalía presume resultados y despliegues, las cifras de fosas clandestinas, los cuerpos sin identificar, los accidentes mortales y hasta los episodios de justicia por propia mano dejan una pregunta incómoda para el gobierno de Morena en Veracruz: