La mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz aprobó, con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la reforma impulsada por la gobernadora Rocío Nahle para eliminar la declaración de procedencia de alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales. En términos prácticos, las autoridades ministeriales y judiciales podrán investigar y, en su caso, proceder penalmente contra estos funcionarios sin tener que solicitar previamente autorización al Legislativo.

El detalle que encendió la discusión está en lo que sí se queda: la reforma no elimina la declaración de procedencia para la gobernadora, diputados locales, secretarios de despacho y otros funcionarios contemplados en el artículo 78. La oposición cuestionó precisamente este trato diferenciado y advirtió que, bajo el argumento de quitar obstáculos a la justicia, se estaría dejando intacta la protección para quienes ocupan cargos estatales.

Desde la oposición se acusó que la medida podría abrir la puerta a una aplicación selectiva de la justicia contra autoridades municipales políticamente incómodas, mientras Morena y el PVEM defendieron que ningún cargo municipal debe impedir una investigación penal. Nahle, por su parte, ha rechazado que la reforma tenga dedicatoria y sostiene que deberá aplicarse independientemente del partido al que pertenezca cada alcalde.

Así, la reforma deja una postal incómoda para el Congreso dominado por Morena: se acabó el fuero municipal, pero no el fuero para todos. Y antes de convertirse definitivamente en norma, la modificación al artículo 78 todavía debe ser avalada por la mayoría de los 212 ayuntamientos de Veracruz.