La confrontación entre Morena y Movimiento Ciudadano volvió a escalar en Veracruz luego de que la Fiscalía General del Estado solicitara al Congreso iniciar procedimientos de desafuero contra dos alcaldes, cuyos nombres no han sido confirmados oficialmente. Mientras tanto, el partido naranja acusó que el gobierno morenista utiliza las instituciones para presionar a sus adversarios políticos en lugar de disipar las dudas sobre el proceso.

Movimiento Ciudadano afirmó que, desde la administración de Cuitláhuac García y ahora con el gobierno de Rocío Nahle, existe un clima de persecución contra opositores, periodistas, académicos y funcionarios. Además, exigió que la Fiscalía actúe con autonomía y no como un instrumento político al servicio del partido en el poder.

El partido también sostuvo que Veracruz continúa enfrentando problemas como desapariciones y homicidios, por lo que cuestionó que la atención pública se concentre en procesos contra actores de oposición. La polémica se intensificó luego de que trascendiera, de forma extraoficial, que los ediles involucrados serían los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.

Con este nuevo episodio, el gobierno de Morena vuelve a quedar en el centro del debate político, entre acusaciones de persecución y cuestionamientos sobre si las instituciones se utilizan para garantizar justicia o para abrir un nuevo frente de confrontación con la oposición.