El Congreso de Veracruz, con mayoría de Morena, dio un paso que ya encendió la discusión política rumbo a 2027: aprobó retirar la declaración de procedencia a alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales. La reforma al artículo 78 de la Constitución estatal fue avalada con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, lo que permitirá que la Fiscalía y los jueces puedan actuar contra estas autoridades sin esperar previamente el aval del Congreso.

El detalle que incomoda a la oposición es que la tijera no alcanzó a todos por igual. La reforma mantiene la declaración de procedencia para la gobernadora, diputados locales y otros funcionarios estatales, por lo que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que se retire esta protección únicamente a las autoridades municipales y advirtieron sobre el riesgo de que pueda utilizarse como mecanismo de presión política. Morena y el PVEM, en cambio, defendieron que ningún cargo municipal debe convertirse en obstáculo para investigar posibles delitos.

Y el calendario tampoco pasa desapercibido: Veracruz se prepara para las elecciones de 2027 y la reforma llega después de que este mismo año el Congreso ya retiró el fuero a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano, quienes enfrentan investigaciones por delitos graves. El contexto alimenta las sospechas de quienes ven en la modificación algo más que una simple actualización legal, aunque hasta ahora no existe una resolución que determine que la reforma haya sido creada específicamente para favorecer electoralmente a Morena.

Por ahora, el “ya valió” todavía tiene letra pequeña: la reforma no entra en vigor automáticamente, pues deberá ser aprobada por la mayoría de los 212 ayuntamientos. Lo que sí deja Morena sobre la mesa es un nuevo escenario para los alcaldes veracruzanos: sin la protección procesal que tenían, cualquier investigación penal podrá avanzar sin pasar primero por el Congreso. Y con 2027 cada vez más cerca, la oposición tendrá razones para mirar con lupa cómo se aplica la nueva regla.