Mientras el Palacio de Gobierno de Veracruz luce pisos de mármol, sanitarios renovados y oficinas rehabilitadas, el costo de la obra sigue siendo un misterio para los ciudadanos. La administración de Rocío Nahle reconoció que la remodelación superó los 60 millones de pesos presupuestados inicialmente, pero decidió reservar los costos, contratos, planos y nombres de los proveedores, bajo el argumento de que divulgar esa información pondría en riesgo la seguridad de la gobernadora y su equipo, según una investigación de EMEEQUIS.
Lo más cuestionable es que la propia Oficina de la Gobernadora confirmó que localizó los documentos solicitados mediante transparencia, pero negó entregarlos, incluso en una versión pública. La contradicción resulta evidente: el inmueble fue mostrado a los medios durante un recorrido público el 7 de julio, pero conocer cuánto dinero público se gastó y quiénes realizaron los trabajos ahora representa, según el gobierno, un riesgo de seguridad.
El tema también llegó al Congreso estatal el 17 de noviembre, donde legisladores cuestionaron la reserva de los gastos y proveedores. El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, afirmó que no manejó los recursos ni contrató a las empresas, y señaló que su participación se limitó a supervisar aspectos del inmueble. Así, entre documentos reservados y funcionarios que deslindan responsabilidades, sigue sin conocerse la cifra final de una obra pagada con recursos públicos.
