La reforma a la revocación de mandato aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz ya enfrenta un desafío legal. El 27 de octubre, Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar los cambios al artículo 15 de la Constitución estatal, al considerar que las nuevas reglas complican que la ciudadanía pueda solicitar la salida anticipada de la gobernadora Rocío Nahle.
Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal de MC, acusó que las modificaciones imponen obstáculos a la participación ciudadana y podrían favorecer la permanencia de la mandataria. Entre los puntos cuestionados están la reducción del plazo para reunir firmas de dos meses a uno y el requisito de conseguir alrededor de 600 mil apoyos distribuidos en al menos 107 municipios, según los argumentos difundidos por el partido.
La impugnación también plantea posibles violaciones por la falta de consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas, además de presuntas irregularidades en el proceso legislativo. MC solicitó que la Corte revise el Decreto 540, publicado el 28 de septiembre, y determine si las modificaciones se ajustan a la Constitución.
Así, mientras Morena habla de participación popular, su reforma tendrá que explicar ante el máximo tribunal por qué establece condiciones que la oposición considera difíciles de cumplir. Por ahora, no existe una resolución que declare inconstitucional el decreto ni que confirme que su propósito sea proteger a Nahle; esa acusación forma parte del señalamiento político de MC y la decisión final corresponderá a la SCJN.