Con Morena al frente de la Presidencia de la República, el Gobierno de Veracruz, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y como partido mayoritario, el control político se ha concentrado en pocas manos, situación que ha generado cuestionamientos sobre los límites del ejercicio del poder y el respeto al Estado de Derecho en la entidad. El señalamiento central del texto es que esta concentración podría favorecer un escenario poco tolerante frente a quienes disienten del gobierno.
La crítica sostiene que la persecución política se habría vuelto cada vez más abierta y que, antes de que existan investigaciones concluidas, primero aparecen acusaciones públicas desde los micrófonos y los medios de comunicación. Bajo esa perspectiva, el discurso político estaría desplazando a la investigación formal, lo que pondría en duda la posibilidad de alcanzar procesos de justicia imparciales.
El cuestionamiento alcanza directamente a la administración de la gobernadora Rocío Nahle, al plantear que, pese a las promesas de transformación, las prácticas señaladas no representarían una diferencia favorable respecto al gobierno anterior. Incluso se sostiene que, en un periodo menor, la actual administración habría generado mayores preocupaciones en materia de respeto a quienes mantienen posiciones distintas.
El reclamo de fondo apunta a las instituciones encargadas de impartir justicia en Veracruz: más que estar subordinadas a intereses partidistas o gubernamentales, deberían garantizar la protección de los ciudadanos y el respeto a las garantías legales. En medio de la concentración de poder que describe el texto, la exigencia es que el gobierno pueda responder a las críticas sin convertir el desacuerdo político en motivo de persecución.