La confrontación entre Movimiento Ciudadano y Morena en Veracruz suma un nuevo episodio con el proceso de desafuero que enfrentarían los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo. Mientras el Congreso local avanza con el juicio de procedencia, el caso ya encendió el debate político rumbo al próximo proceso electoral y volvió a poner bajo la lupa al gobierno estatal de Morena.

Los presidentes municipales son señalados por presuntos delitos como privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y homicidio, por lo que, de concretarse el desafuero, enfrentarían las acusaciones sin la protección del fuero constitucional. En paralelo, Movimiento Ciudadano sostiene que existe un trasfondo político, mientras Morena y actores de la Cuarta Transformación rechazan esa versión y niegan cualquier persecución.

En medio del intercambio de acusaciones, uno de los alcaldes, Raúl González, aseguró públicamente su inocencia, mientras el caso continúa generando atención mediática. La expectativa ahora también recae sobre la Fiscalía General del Estado, que enfrenta la presión de informar con claridad sobre el avance de las investigaciones.

El desenlace de este proceso podría marcar no solo el futuro legal de los alcaldes involucrados, sino también el costo político para Morena y su gobierno en Veracruz. Porque, irónicamente, en un estado donde se insiste en que todo se trata de justicia y no de política, será la solidez de las investigaciones la que termine definiendo si hubo combate a la impunidad… o un nuevo capítulo de confrontación política.