Eric Domínguez Vázquez pasó de ocupar cargos bajo la bandera de Morena y ser funcionario del gobierno de Rocío Nahle a convertirse en el nuevo auditor general de Veracruz, con un periodo de siete años al frente del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). El Congreso estatal lo designó el 25 de septiembre con 41 votos de los 48 diputados presentes, pero su llegada no estuvo exenta de cuestionamientos por su cercanía política con Morena y porque tendrá entre sus responsabilidades fiscalizar recursos de una administración de la que hasta hace poco formaba parte.
El historial que acompaña al nuevo auditor tampoco es precisamente un expediente en blanco. Durante su etapa como alcalde de Papantla, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación dejaron observaciones pendientes por más de 83 millones de pesos correspondientes a las cuentas públicas de 2022 y 2024, aunque el propio Domínguez aseguró al asumir el cargo que esos pendientes ya habían sido solventados al 100 por ciento. La ASF documentó, entre otros puntos, inconsistencias relacionadas con recursos del FAISMUN y FORTAMUN de 2024.
A esto se suman episodios polémicos de su trayectoria: en 2019 fue acusado por el entonces diputado morenista José Magdaleno Rosales de presuntamente solicitar “moches” para limpiar cuentas públicas, acusación que Domínguez rechazó; como alcalde también enfrentó cuestionamientos por su postura sobre la fauna del parque de Papantla, por declaraciones sobre hechos violentos en la región y por una denuncia de violencia política de género que finalmente fue desestimada por el Tribunal Electoral de Veracruz. En otro caso, un exdirector de Seguridad Pública de Papantla designado durante su administración fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por extorsión; eso, por sí mismo, no acredita responsabilidad de Domínguez.
Y aquí aparece el peculiar giro de la historia: quien llega a vigilar las cuentas públicas también tendrá que revisar administraciones y dependencias con las que tuvo relación política y laboral. Morena y sus aliados respaldaron su nombramiento, mientras sus críticos cuestionan precisamente la independencia que deberá demostrar desde el primer día. Para el nuevo titular del Orfis, la vara no estará baja: tendrá siete años para demostrar que la fiscalización puede estar por encima de las cercanías partidistas y de los claroscuros que acompañan su carrera política.