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La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León acató la orden de un juez federal que suspendió temporalmente el juicio político contra el gobernador del estado, Samuel García.
En un primero momento, el recinto legislativo había rechazado posponer la comparecencia del mandatario local, programada para este 10 de febrero, con la finalidad de iniciar un juicio político en su contra por incumplir las fechas establecidas en la ley para entregar el Presupuesto de Egresos del Estado 2023.
Aunque el gobernador, emanado del partido Movimiento Ciudadano, envió una solicitud al Congreso para posponer por cinco días hábiles la comparecencia, el organismo había rehusado un cambio de fecha.
No obstante, Samuel García tampoco pospuso una gira de trabajo en Washington, donde participó en una sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En el encuentro se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y titulares de las secretarías de Economía de Querétaro, Campeche, Chiapas y Zacatecas.
Antes de que arrancara la sesión de la Comisión Anticorrupción a las 16:30 horas, la Consejería Jurídica del Gobernador entregó un documento al Congreso local con la resolución del juez.
Además, diputados y diputadas locales de Movimiento Ciudadano exigieron a legisladores del PRI y del PAN acatar la orden del Juez Octavo de Distrito Federal, Faustino Gutiérrez Pérez.
La suspensión del juicio político
Eduardo Gaona, coordinador de Movimiento Ciudadano, explicó que con la resolución judicial el Congreso de Nuevo León quedó impedido de citar a Samuel García a la comparecencia de este viernes.
El partido agregó que el juez concedió la suspensión porque la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo Leó no envió las supuestas pruebas que sustentan el juicio político contra el gobernador.
Además, el juez ordenó a este organismo del Congreso local informar en un plazo máximo de 48 horas por qué no entregó las pruebas.
Si los y las legisladoras de Nuevo León no acataban la decisión del juez, podrían ser acreedores de una multa de entre 10 mil y 103 mil pesos.
Además de la tardanza en la entrega del presupuesto, legisladores locales del PRI y el PAN también habían solicitado a la Auditoría Superior del Estado revisar diversos proyectos y obras de años previos, como la Carretera Gloria-Colombia, la Carretera Interserrana y los proyectos de las líneas 4, 5 y 6 del Metro, por supuestas irregularidades.
-Con información de Expansión Política
https://politica.expansion.mx/estados/2023/02/10/congreso-nl-samuel-garcia-juicio-politico