La reforma para eliminar el fuero a alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales en Veracruz ya pasó por el Congreso estatal, pero dejó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿por qué el recorte de privilegios no fue parejo? Con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la mayoría de Morena y sus aliados aprobó, a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle, modificar el artículo 78 de la Constitución para que las autoridades municipales puedan ser investigadas y, en su caso, procesadas penalmente sin autorización previa del Legislativo.

El problema señalado por el PAN es que la reforma no llegó con la misma tijera para todos. La declaración de procedencia permanece para la gobernadora, diputados locales, secretarios de despacho, la Fiscalía General del Estado y otros funcionarios contemplados en la Constitución. Ana Cristina Ledezma López, dirigente estatal panista, cuestionó que Morena haya tenido los votos para eliminar esa protección de manera general y, en cambio, haya decidido limitarla a las autoridades municipales.

La oposición acusa que, bajo el discurso de terminar con privilegios, el Congreso terminó estableciendo quién pierde la protección y quién la conserva. Morena y el Partido Verde, en contraste, defendieron la reforma como una medida para evitar que el cargo municipal sea un obstáculo para las investigaciones penales; además, Nahle ha rechazado que la iniciativa tenga dedicatoria política y sostiene que deberá aplicarse sin importar el partido de los alcaldes.

Así, la reforma deja una postal difícil de pasar por alto para el Congreso dominado por Morena: el fuero municipal queda en la mira, pero la protección constitucional no desaparece para todos. Y por si faltara un último capítulo, el cambio todavía debe ser avalado por la mayoría de los 212 ayuntamientos de Veracruz antes de completar su proceso constitucional.